por Simona Sagone
Para quienes viven en la UE, el precio de su próximo coche, la reforma de su hogar e incluso los productos locales podrían reflejar pronto una política climática de la que muchos ni siquiera han oído hablar. Esta nueva normativa, que entra en vigor el día de Año Nuevo, no solo afecta a la industria pesada, sino también a los bienes de consumo cotidiano, que ahora soportan un coste añadido de carbono al entrar en Europa.
El mecanismo de ajuste fronterizo de carbono (CBAM) establece un precio del carbono para muchos bienes importados, lo que significa que los importadores con sede en la UE pagarán por los gases de efecto invernadero emitidos durante la producción de ciertos materiales intensivos en carbono.
Si los productos provienen de países con normativas climáticas menos rigurosas, el coste será mayor. Para vender a la UE, los productores tendrán que demostrar que sus productos no generan demasiadas emisiones de carbono.
El objetivo es evitar que las empresas trasladen su producción a lugares con regulaciones más laxas, garantizando una competencia justa entre empresas de la UE y de fuera de ella, e incentivando al mismo tiempo la descarbonización global.
Después de una fase de prueba , las obligaciones de pago completas comienzan el 1 de enero de 2026, cuando los importadores deberán comprar certificados CBAM para cubrir las emisiones incorporadas en bienes como hierro y acero, aluminio, cemento, fertilizantes, hidrógeno y (eventualmente) electricidad.
Aunque se trata de una política climática de la UE, el CBAM parece estar destinado a ser un punto de inflexión para el comercio mundial. Los países que dependen de las exportaciones de la UE podrían verse obligados a realizar costosas inversiones en tecnologías más limpias y un mejor seguimiento de las emisiones, o se arriesgarían a perder cuota de mercado. El gobierno del Reino Unido planea introducir su propia versión del CBAM en 2027, aunque aún está por decidir cómo se vinculará con la de la UE .
Ya se está produciendo un cambio positivo: cada vez más empresas miden y reportan sus emisiones con precisión, respondiendo a la creciente demanda de datos fiables sobre el carbono. Al mismo tiempo, un número cada vez mayor de países está implementando sus propios sistemas de tarificación del carbono para mantenerse en sintonía con la UE y proteger la competitividad de sus exportaciones.
Marruecos es un ejemplo destacado: su ley de finanzas de 2025 introduce gradualmente un impuesto al carbono a partir de enero de 2026. Como las empresas marroquíes ya pagarán un precio del carbono a nivel nacional, es probable que sus exportaciones eviten cargos CBAM adicionales en la frontera de la UE, lo que las ayudará a seguir siendo competitivas.
En muchos países, el CBAM también está impulsando el interés en las energías renovables y los procesos industriales más ecológicos. Algunos lo ven no como una amenaza, sino como una oportunidad para atraer inversiones y posicionarse como centros de fabricación con bajas emisiones de carbono.
Sin embargo, este mecanismo aún genera controversia. Para las empresas, el CBAM es complejo y administrativamente complejo. Las empresas necesitan sistemas robustos para medir las emisiones integradas, recopilar datos de los proveedores y elaborar declaraciones ambientales de producto. Muchas también necesitarán nuevos contratos de energía renovable para reducir su huella de carbono.
El CBAM ha recibido fuertes críticas a nivel mundial . India y China lo describen como «proteccionismo verde» , argumentando que ejerce una presión injusta sobre las economías en desarrollo. Al mismo tiempo, la UE aún no ha creado fondos específicos para ayudar a los exportadores de los países de bajos ingresos a adaptarse. Sin este apoyo, el mecanismo podría no lograr los resultados deseados.
¿Qué pasa con los consumidores?
Aunque el CBAM se dirige principalmente a la industria, su efecto dominó llegará a los consumidores de la UE. Es poco probable que los importadores absorban la totalidad del coste adicional, lo que significa que es probable que los precios suban, especialmente en el caso de los productos que dependen en gran medida del acero, el aluminio o el cemento. Esto podría implicar un aumento de los costes en Europa para automóviles, electrodomésticos, aparatos electrónicos, materiales de construcción e, indirectamente, la producción de alimentos (a través de los fertilizantes).
Al mismo tiempo, el CBAM podría aportar mayor transparencia. Dado que los importadores deben informar sobre las emisiones inherentes a sus productos, los consumidores podrían, con el tiempo, tener información más clara sobre el impacto climático de sus compras.
El mecanismo también generará ingresos para la UE a partir de la venta de certificados. Se espera que estos apoyen a hogares vulnerables en muchos países europeos, además de financiar tecnologías limpias y mejorar la eficiencia energética. El uso de los fondos será crucial para la aceptación pública del nuevo impuesto al carbono europeo.
Incluso antes de su plena implementación, el CBAM ya está transformando las cadenas de suministro e influyendo en las políticas gubernamentales mucho más allá de las fronteras europeas. Podría desencadenar disputas comerciales, impulsar a los exportadores a adoptar la tarificación del carbono y destacar la necesidad de mayor financiación climática para apoyar a los países en desarrollo que están en transición hacia una industria verde.
Para muchos consumidores europeos, es probable que esto implique aumentos graduales de precios y, potencialmente, decisiones de compra más respetuosas con el medio ambiente. Entre bastidores, marca un cambio significativo en la contabilización del carbono en el comercio global y en cómo la política climática influye en la vida cotidiana de las personas.
Este artículo se republica de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lea el artículo original .
