Un estudio elaborado por 11 científicos advierte que la región concentra el 22% de los volcanes del planeta y una de cada cinco erupciones, pero millones de personas todavía carecen de sistemas adecuados de alerta temprana.
Redactor: Raúl Méndez C.
Editor: Eduardo Schmitz
América Latina alberga más de 300 volcanes activos y concentra aproximadamente el 22% de todos los volcanes del planeta. La región también registra una de cada cinco erupciones volcánicas del mundo, pero sus sistemas de prevención todavía resultan insuficientes para proteger a millones de personas expuestas.
El diagnóstico forma parte de un estudio elaborado por 11 investigadores de Argentina, Chile, Puerto Rico, México, Ecuador y Costa Rica, publicado en la revista científica Journal of South American Earth Sciences.
Los científicos sostienen que, durante décadas, la respuesta de los Estados latinoamericanos frente al riesgo volcánico fue principalmente reactiva. Las instituciones tendieron a actuar después de los desastres, en lugar de desarrollar con anticipación sistemas de vigilancia, protocolos de emergencia y planes de evacuación.
La situación resulta especialmente relevante porque los volcanes representan riesgos geológicos complejos que pueden producir flujos piroclásticos, caída de cenizas, emisiones de gases, deslizamientos y lahares capaces de afectar poblaciones situadas a gran distancia del cráter.
La tragedia de Armero marcó un punto de inflexión
El informe recuerda la tragedia ocurrida en Armero, Colombia, en 1985, como uno de los episodios que revelaron con mayor claridad las fallas existentes en la gestión del riesgo volcánico regional.
La erupción del volcán Nevado del Ruiz fue relativamente pequeña, pero derritió parte de la nieve y el hielo de la montaña. La mezcla de agua, ceniza y fragmentos volcánicos generó lahares, corrientes de lodo que descendieron rápidamente por las laderas.
Los flujos alcanzaron la ciudad de Armero durante la noche y sepultaron gran parte de la población. Al menos 23.000 personas murieron, lo que convirtió el desastre en la cuarta erupción volcánica más mortífera registrada en la historia.
Los investigadores señalaron que la tragedia expuso fallas en múltiples niveles. La existencia de información científica sobre el peligro no se tradujo en alertas claras, evacuaciones oportunas ni una coordinación efectiva entre autoridades y comunidades.
El episodio mostró que comprender la actividad interna de un volcán no es suficiente si la información no llega a tiempo a quienes deben tomar decisiones y a las personas que viven en las zonas amenazadas.
Los observatorios volcánicos llegaron tarde a la región
Antes del desastre de Armero, el primer observatorio volcánico permanente administrado por un país latinoamericano había sido creado apenas dos años antes, en 1983, en Ecuador.
La fecha contrasta con la experiencia de otras regiones. El Observatorio Vesubiano de Italia funciona desde 1841, mientras que el Observatorio de Volcanes de Hawái comenzó sus operaciones en 1912.
Desde 1985, América Latina avanzó en el desarrollo de capacidades científicas y técnicas. Actualmente reúne cerca del 25% de los observatorios volcánicos del mundo, con 16 instituciones distribuidas en nueve países que realizan vigilancia permanente.
Estos organismos emplean sismógrafos, mediciones de gases, sistemas de posicionamiento, cámaras, sensores térmicos e imágenes satelitales para detectar cambios que puedan indicar el ascenso de magma o una posible erupción.
El estudio advierte, sin embargo, que el nivel de preparación varía ampliamente entre países y también entre volcanes de una misma nación. Algunas montañas cuentan con redes instrumentales completas, mientras otras son observadas únicamente mediante sistemas remotos.
Bolivia no tiene una institución dedicada al monitoreo volcánico
Bolivia representa uno de los casos más preocupantes. Es el único país de América del Sur con volcanes activos que no dispone de una institución específicamente dedicada a vigilarlos de manera permanente.
La ausencia de un organismo especializado implica que, si alguno de esos volcanes mostrara señales de actividad, el país no contaría con un sistema oficial consolidado de alerta temprana para avisar a la población y organizar una evacuación.
El investigador Pablo Forte, primer autor del estudio, explicó que no todos los volcanes presentan el mismo nivel de actividad ni se encuentran cerca de localidades habitadas. Algunos están situados en áreas remotas, donde la exposición humana es menor.
No obstante, el especialista, ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Volcanología e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, remarcó que el monitoreo instrumental directamente instalado en los volcanes debe ampliarse.
La vigilancia mediante satélites constituye una herramienta valiosa y puede aportar alertas tempranas sobre cambios en los volcanes, pero no reemplaza completamente las mediciones realizadas sobre el terreno.
Los recursos humanos y económicos continúan siendo limitados
El análisis reveló que varios observatorios latinoamericanos trabajan con recursos económicos y humanos insuficientes. La falta de personal, instrumentos, mantenimiento y financiamiento estable dificulta sostener una vigilancia continua.
El monitoreo volcánico requiere equipos especializados que funcionen durante todo el año, incluso cuando no existen señales visibles de una erupción. También demanda profesionales capacitados para interpretar datos sísmicos, deformaciones del terreno, emisiones de gases y variaciones térmicas.
Cuando las redes tienen pocos sensores o sufren interrupciones, disminuye la capacidad de reconocer cambios sutiles que podrían anticipar una crisis. La detección temprana depende de comparar el comportamiento reciente con registros acumulados durante años.
La investigación sobre los procesos que controlan el ascenso y la profundidad del magma también resulta esencial para mejorar los modelos utilizados en los pronósticos eruptivos.
El estudio regional destaca además que América Latina no posee un protocolo de alerta volcánica unificado. Cada país utiliza sus propios sistemas, categorías, colores y procedimientos, lo que puede dificultar la coordinación cuando un volcán se encuentra cerca de una frontera.
La vulnerabilidad cambia entre países, volcanes y comunidades
El riesgo volcánico no depende únicamente de la probabilidad de una erupción. También intervienen la cantidad de personas expuestas, la calidad de las viviendas, las rutas disponibles, el acceso a información y la capacidad de las autoridades para responder.
Una erupción de intensidad moderada puede producir una catástrofe si afecta una población sin planes de evacuación, mientras un evento mayor puede generar menos víctimas cuando existen alertas claras, infraestructura adecuada y comunidades preparadas.
Los lahares constituyen una amenaza particular porque pueden recorrer valles y cauces durante varios kilómetros. No necesitan que una población esté situada junto al cráter para provocar daños graves.
La caída de ceniza también puede afectar zonas extensas, contaminar fuentes de agua, dañar cultivos, reducir la visibilidad, interrumpir vuelos y acumular peso sobre los techos.
La evaluación de estos peligros debe considerar la dinámica de cada sistema volcánico. Estudios recientes sobre el papel de las burbujas y los gases en la explosividad volcánica muestran que pequeñas variaciones internas pueden influir en la violencia de una erupción.
Los científicos latinoamericanos tienen poca representación internacional
El informe también identificó una brecha en la participación de los científicos de la región dentro de los organismos internacionales que definen estrategias globales sobre volcanología y reducción de desastres.
Los volcanólogos latinoamericanos han estado históricamente subrepresentados tanto en la participación general como en los cargos de liderazgo, pese a que trabajan en una de las regiones con mayor actividad volcánica del planeta.
Entre las causas mencionadas aparecen las limitaciones económicas, las dificultades para financiar viajes y proyectos, y las barreras lingüísticas vinculadas con el predominio del inglés en las publicaciones y organizaciones científicas.
La falta de representación tiene consecuencias prácticas. Las prioridades internacionales de investigación, cooperación y financiamiento pueden definirse sin incorporar plenamente la experiencia de quienes estudian y gestionan los volcanes latinoamericanos.
Los autores sostienen que las colaboraciones internacionales deben ser más equitativas y reconocer el conocimiento acumulado por los observatorios, universidades y comunidades de la región.
Tres medidas para reducir el riesgo volcánico
Los investigadores propusieron tres líneas principales de acción para mejorar la protección de la población latinoamericana.
La primera consiste en fortalecer el monitoreo regional. La propuesta no implica crear una única red continental, sino apoyar las capacidades ya existentes en cada país y ampliar la instrumentación de los volcanes que permanecen insuficientemente vigilados.
La segunda medida es prepararse antes de las crisis. Esto requiere desarrollar protocolos de emergencia entre países vecinos, especialmente cuando comparten sistemas volcánicos o territorios fronterizos.
Los científicos también recomiendan realizar simulacros para que las instituciones conozcan sus responsabilidades antes de que ocurra una erupción. Las rutas de evacuación, los centros de acogida y los canales de comunicación deben probarse con anticipación.
La tercera medida busca acercar la información a las comunidades. Incluye capacitar a docentes, utilizar redes sociales y herramientas móviles, y construir los planes de evacuación junto con los propios habitantes.
La preparación comunitaria es decisiva porque las alertas técnicas solo resultan útiles cuando la población comprende qué significan, confía en las instituciones y sabe cómo actuar.
El estudio reunió especialistas de seis países
Además de Pablo Forte, participaron en el trabajo Daniel Bertin, del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile; Lizzette Rodríguez, de la Universidad de Puerto Rico; y Mariana Patricia Jácome Paz, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
También integraron el equipo Silvana Hidalgo, del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador; Guillermo Alvarado, de Costa Rica; y Mariano Agusto, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, junto con otros investigadores de instituciones de la región.
Los autores esperan que las conclusiones contribuyan a mejorar las decisiones destinadas a reducir el riesgo de desastres volcánicos y a avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas relacionados con la protección de poblaciones vulnerables.
La región cuenta hoy con mayor capacidad científica que en 1985, pero la existencia de más de 300 volcanes activos, recursos desiguales y millones de habitantes expuestos mantiene abierta una deuda preventiva que los investigadores consideran urgente atender.
Fuente(s) referenciales
