Antonio Girona García, Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (Universidad de Oviedo – CSIC)
Las recientes olas de incendios en España, Francia y otras regiones de Europa nos recuerdan que el problema no termina cuando el fuego se apaga. Tras las llamas se desencadenan sus efectos más persistentes: mayor riesgo de erosión e inundaciones, daños a las poblaciones y degradación de los ecosistemas.
Incendios más frecuentes, extensos y severos en España
Recientemente, España ha registrado algunos de los episodios de incendios forestales más graves de su historia, alcanzando cifras récord tanto en superficie quemada como en número de grandes incendios forestales, definidos como aquellos que afectan a más de 500 hectáreas.
En 2025 ardieron 91 580 hectáreas de superficie forestal, mientras que en 2026, hasta la fecha, los incendios han calcinado ya 216 410 hectáreas. Esta superficie supera ampliamente la registrada durante todo el año anterior y casi triplica la media de la última década (77 687 hectáreas). Además, esta superficie representa el 47 % del total del área quemada en la Unión Europea en lo que llevamos de 2026.
¿Qué ocurre después de un incendio?
Los efectos de los incendios sobre los ecosistemas y, más particularmente, el suelo, van más allá de los daños directos producidos por el fuego. Al desaparecer la vegetación y quemarse la materia orgánica, el suelo pierde parte de su estructura y de su capacidad para absorber y retener agua. Como consecuencia, el riesgo de erosión aumenta hasta varios órdenes de magnitud en comparación con suelos no quemados
El suelo que se pierde por erosión después de los incendios no solo supone una reducción de la fertilidad, sino que también genera importantes riesgos aguas abajo de las zonas quemadas. Entre ellos destacan la contaminación de las aguas de consumo humano por el arrastre de cenizas y sedimentos. También la ocurrencia de riadas capaces de transportar grandes cantidades de lodo, piedras y restos vegetales, que pueden causar graves daños personales y materiales.
Tras los incendios de 2025 en la comarca de El Bierzo (León), se produjeron interrupciones en el suministro de agua de diversas poblaciones por la contaminación de las captaciones de agua de consumo después de las primeras lluvias posteriores al fuego.
Asimismo, el arrastre de lodo y sedimentos de esos mismos incendios ocasionó recientemente daños materiales y afectó a la actividad turística en la playa fluvial de Molinaseca (León).
Además de las pérdidas económicas, estos fenómenos pueden tener consecuencias humanas dramáticas. Un caso destacable sería el ocurrido en 2018 en la localidad de Montecito (California, Estados Unidos). Allí, tras varios incendios forestales, intensas lluvias desencadenaron una colada de barro que causó la muerte de 23 personas y provocó daños directos valorados en aproximadamente 177 millones de dólares.
Recientemente, en otro caso más cercano, dos personas perdieron la vida en Manzanedo de Valdueza (León) a consecuencia de una riada cuya severidad se vio agravada por los incendios que habían afectado a la zona el año anterior.
¿Qué podemos hacer para minimizar estas consecuencias?
Si bien estos efectos indeseados no se pueden evitar en su totalidad, sí que existen una serie de herramientas que nos pueden permitir minimizarlos.
Antes de llevar a cabo cualquier actuación, es imprescindible identificar las áreas con mayor riesgo de erosión: aquellas de mayor pendiente y quemadas con alta severidad. Además, hay que evaluar su proximidad a elementos vulnerables, como cauces y captaciones de agua, bienes culturales, poblaciones y sus vías de acceso.
Una vez realizado este análisis, es imprescindible actuar con la mayor celeridad posible, puesto que las zonas afectadas por incendios forestales se encuentran en su momento de mayor vulnerabilidad durante los primeros meses posteriores al incendio.
Los tratamientos de mitigación de la erosión que han demostrado una mayor eficacia son aquellos que proporcionan una cubierta protectora sobre el suelo, conocida como “mulch”. Este material suele estar compuesto por paja agrícola o astillas de madera y actúa protegiendo la superficie del suelo frente al impacto directo de las gotas de lluvia. Además, favorece la infiltración del agua y reduce la velocidad de la escorrentía superficial. Como resultado, la aplicación de estos tratamientos ha mostrado reducciones medias de la erosión de hasta el 86 %.
Otra alternativa viable consiste en la construcción de barreras o fajinas utilizando troncos y restos vegetales quemados. Estas estructuras disminuyen la velocidad de la escorrentía, favorecen la retención de sedimentos y reducen las pérdidas de suelo.
Además de para evitar todos estos efectos indeseados, la protección de los suelos es de vital importancia por su papel en el funcionamiento de los ecosistemas y su lenta formación. Se estima que se requieren entre 100 y 1000 años para formar 1 cm de suelo fértil, por lo que se considera un recurso no renovable.
¿A quién compete realizar estas actuaciones?
Las competencias para la ejecución de las actuaciones de emergencia y restauración dependen de la titularidad de los terrenos afectados y del ámbito territorial en el que sea necesario intervenir.
Las comunidades autónomas concentran gran parte de las competencias en materia de gestión forestal y conservación del medio natural, si bien la Administración General del Estado también puede participar en labores de restauración y apoyo técnico o financiero.
Por su parte, las confederaciones hidrográficas son responsables de la gestión de los cauces y de sus zonas asociadas, especialmente cuando existe riesgo para la calidad de las aguas o para el funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas.
Asimismo, los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en la gestión del riesgo, al ser los responsables de incorporar estas amenazas a los planes de emergencia, evacuación y autoprotección, así como de informar y proteger a la población potencialmente afectada.
¿Qué limita la implementación de estas actuaciones?
En un estudio publicado recientemente, hemos analizado las principales limitaciones y lagunas existentes en la gestión posincendio en España, Portugal y Grecia.
Este análisis muestra que la principal limitación no reside en la disponibilidad de recursos económicos, sino en la ausencia de protocolos estandarizados y basados en evidencias científicas para la identificación, priorización y gestión de las áreas que requieren intervención.
Además, la financiación destinada a la restauración posincendio suele tener un carácter marcadamente cortoplacista, lo que obliga a ejecutar la totalidad de los fondos en plazos reducidos.
Todo ello dificulta el seguimiento de la evolución de las zonas afectadas y limita la posibilidad de implementar y adaptar medidas a corto y medio plazo en función de la recuperación del ecosistema. Como consecuencia, no solo se reduce la capacidad para evaluar la efectividad de las actuaciones realizadas, sino también para aprender de los errores cometidos y mejorar la planificación y ejecución de futuras intervenciones.
La tendencia preocupante hacia incendios de mayor extensión y severidad refuerza la importancia de evaluar sus impactos ambientales y desarrollar estrategias eficaces de prevención, mitigación y adaptación.
Antonio Girona García, Investigador en dinámica del carbono y erosión post-incendio, Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (Universidad de Oviedo – CSIC)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
