La Comisión Europea adoptó en febrero de 2025 su primer paquete Ómnibus. Camuflada en la idea de crear empresas más competitivas, esta serie de medidas puede reducir las exigencias de sostenibilidad, diligencia o protección medioambiental que estaban en marcha.
Lorena Sales Pallarés, Universidad de Castilla-La Mancha
Pero esto no es lo más preocupante. El lanzamiento de la Brújula para la Competitividad que justifica estas acciones vira el discurso europeo mantenido hasta este momento. Si hace unos meses la Unión Europea (UE) se presentaba como la abanderada de la neutralidad climática mundial, ahora parece que la brújula marca otro norte.
El camino diseñado
En medio del nacimiento del binomio empresas y derechos humanos, la UE optó disruptivamente por regular defendiendo los derechos humanos. De la amplia batería de normas que surgieron de esta decisión, las directivas de reporte de sostenibilidad corporativa (CSRD) y de diligencia debida de las empresas en sostenibilidad (CSDDD) han sido las más discutidas y arriesgadas. Ambas, junto con el Pacto Verde, planteaban controles empresariales que pintaban un futuro protector, cuidadoso y sostenible.
Arrastradas por esta corriente, y a pesar de que no todas las empresas se sentían cómodas, la mayoría de ellas incluyeron los criterios ESG –indicadores ambientales, sociales y de gobierno corporativo– en sus planes. Los mercados financieros recogieron también el guante y premiaban a los fondos de inversión que cumplían con los estándares ESG más estrictos de la UE.
En este caldo de cultivo, algunos Estados miembros, con Francia y Alemania a la cabeza, lanzaron sus propias normas. Se veían así las empresas obligadas no solo a mitigar los impactos negativos de sus actuaciones sobre los derechos humanos y el medio ambiente, sino a vigilar, controlar y responder por sus cadenas de valor.
La vorágine regulatoria de la UE seguía marcando a un ritmo acelerado este camino con normas sobre inversiones sostenibles y deforestación o prohibiendo la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso.
Ahora bien, que existan todas estas normas no significa que estén aplicándose. La CSRD verá publicados los primeros informes en 2025, momento en el que veremos los efectos reales de su funcionalidad. La CSDDD, igual que la prohibición de entrada en el mercado de la UE de mercancía elaborada con trabajo forzoso, no tienen prevista su aplicación hasta 2027.
¿Fue un espejismo?
Es difícil afirmar y señalar un motivo único por el que han cambiado las cosas. Pero es obvio que la UE ha cambiado su discurso y su planteamiento. Y que lo ha hecho a una velocidad inusualmente rápida. Sin apenas consultas ni análisis de impactos. Solo resultados.
En enero de 2025 se daba a conocer la Brújula para la Competitividad para la UE tratando de responder a tres situaciones a las que Europa urgentemente debe hacer frente: industrias más fuertes y competitivas, independencia energética y defensa ante un eventual ataque. La guerra en Ucrania y la Administración Trump han sido el detonante para el cambio. Pero el cambio ya se estaba produciendo. Los mercados mostraban un fuerte desinterés en las cuestiones ESG en los últimos trimestres.
Que se deba responder al nuevo escenario no solo resulta adecuado, sino necesario. La cuestión, sin embargo, es: ¿proteger las empresas debe implicar desproteger los derechos humanos?
Si analizamos el primero de los tres paquetes Ómnibus que la UE prepara, la conclusión es ambigua. Se eliminará para más del 80 % de las empresas la obligación de presentar informes de sostenibilidad al menos hasta 2028. La idea que mueve a la UE con este plan es “parar el reloj”. Pero la pregunta que debemos hacernos es si este stop-the-clock es para dar más tiempo a que las empresas se adapten (plantean un retraso de dos años más en la aplicación de las normas) o si la parada aparcará definitivamente la CSRD y la CSDDD.
Tanto Francia como Alemania, precursoras en la aplicación y exigencia a sus empresas de estos estándares, alzaron la voz hace unos meses. Hablaban de “infierno regulatorio” para las compañías. Si los principales impulsores de estas políticas hacen suyas las reivindicaciones empresariales, puede que no haya muchas esperanzas.
¿Y ahora qué?
En la defensa de los derechos humanos se ha cometido el error de hacer de la empresa el enemigo. Son parte del problema en muchos casos, pero deben ser parte de la solución. Tal vez las rebajas de sanciones y obligaciones de control de la cadena de suministros no solo sean necesarias, sino también beneficiosas a medio plazo.
La forma en la que se han llevado a cabo las relaciones entre empresas y derechos humanos no ha llegado a contentar plenamente a nadie. El liderazgo que la UE ha querido imponer se basaba en lo que podríamos llamar modo avalancha, arrastrando a las empresas hacia un buen fin pero sin contar con ellas. Quedaba otro modo, un modo mancha de aceite, donde las prácticas que se pretenden imponer se extienden poco a poco, pero de manera inevitable.
La situación geopolítica no es la mejor para Europa. EE. UU. ha dejado de ser un aliado en muchos aspectos y las empresas europeas necesitan ser más competitivas en el nuevo orden mundial que se dibuja. Es necesario saber medir hasta dónde la protección de las corporaciones puede dejar desamparados los derechos humanos. La UE debe liderar y hacer que la sostenibilidad siga siendo sostenible. Proteger y defender a las personas y a las empresas puede exigir una parada de reloj, pero nunca un cambio de rumbo.
Lorena Sales Pallarés, Profesora Titular de Derecho internacional privado, Universidad de Castilla-La Mancha
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
