Andoni Maiza Larrarte, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea and Gloria Claudio-Quiroga, Universidad Francisco de Vitoria
El cobre presente en un coche eléctrico (se emplea en las baterías y el motor, entre otros usos) que circula en Europa puede provenir de una montaña en los Andes peruanos. Así, mientras en otras partes del mundo se lleva a cabo la transición verde, en regiones andinas como Apurímac, la extracción de minerales está provocando tensiones sociales y ambientales cada vez más profundas.
En zonas ricas en recursos ubicadas en países en desarrollo, se plantea un dilema entre la necesidad de obtener más ingresos económicos y los perjuicios generados por explotaciones mineras de dimensiones colosales.
Las Bambas: una megamina con un inicio controvertido
En un estudio reciente, hemos analizado el caso de la megamina de Las Bambas, una explotación de cobre ubicada en las provincias de Cotabambas y Grau, en el departamento de Apurímac, en Perú. Hemos concluido que presenta algunos beneficios y oportunidades, pero también grandes costes e importantes retos.
Los derechos para la explotación de Las Bambas, uno de los contratos mineros más grandes de la historia de Perú según el Ministerio de Energía y Minas, fueron adjudicados a la empresa suiza Xstrata en septiembre de 2004.
El inicio del proyecto estuvo marcado por el traslado de la comunidad local desde Fuerabamba a un nuevo poblado y la promesa de compensaciones. Después, cuando en 2014 la empresa china MMG adquirió la titularidad de la mina, las relaciones con las comunidades locales se complicaron, poniéndose de relieve la gran distancia cultural entre ambas partes.
Por si eso fuera poco, ese mismo año se aprobó una de las modificaciones más controvertidas respecto al proyecto original: la sustitución de una gran tubería para transportar el mineral por camiones pesados, lo que provocó un fuerte conflicto con la población debido al tráfico constante de camiones.
Grandes beneficios económicos
El proyecto mueve cifras colosales. Las inversiones superaron los 10 000 millones de dólares y la producción ha generado ingresos por más de 3 400 millones de dólares en 2023 para MMG. Con su actividad, la mina contribuye significativamente a las arcas del gobierno regional: en 2022, estas transferencias representaron el 16,6 % del gasto público de Apurímac.
Desde 2015 el PIB de la región se ha más que duplicado, aunque la fuerte dependencia de la minería expone el bienestar de la región a la volatilidad del precio del cobre. Esta variable está muy condicionada por la demanda de un único país: China.
Además, la aportación ha sido mucho menor en términos de empleo, de forma que la megamina solo genera alrededor de un 2 %-3 % del empleo total en la región.
Desafíos sociales, medioambientales y de gestión
Tampoco los avances en salud y educación en la región han resultado tan importantes como cabría esperar. Por ejemplo, a pesar de su evolución favorable, las tasas de desnutrición y de anemia siguen siendo elevadas. Igualmente, el acceso a agua potable y saneamiento adecuado continúa constituyendo otro reto fundamental, ya que un 70 % de los hogares sigue sin disponer de un suministro de agua tratada para el consumo.
Además, los indicadores medioambientales reflejan un deterioro preocupante. A pesar de que la empresa MMG se encuentra adherida a los estándares internacionales, la mina genera grandes volúmenes de residuos, precisa elevados consumos de agua y emite gases de efecto invernadero.
Asimismo, la superficie de tierra degradada por las operaciones mineras es de unas 4 000 hectáreas y también se observa un importante número de denuncias medioambientales relacionadas con la actividad minera.
La gestión de megaproyectos mineros presenta grandes desafíos. La documentación técnica suele ser demasiado compleja para que las comunidades locales puedan comprenderla. Además, aunque existen leyes para ordenar estas actividades, la corrupción y la mala administración suelen ser problemas habituales, tal y como reconoce el propio Banco Mundial en el caso de Perú.
A todo ello hay que añadir que las metodologías para evaluar los daños ambientales son insuficientes, lo que dificulta determinar si las compensaciones percibidas por las comunidades son justas. En la actualidad hay bastante ambigüedad en el cálculo, por ejemplo, de los daños generados por excavaciones, contaminación de aguas, etc. Las administraciones contratan a consultoras para hacer los cálculos de estudio de impacto ambiental, pero a menudo esas propias consultoras reconocen que sus cálculos son aproximaciones.
Recomendaciones para el futuro
El caso de Las Bambas se suma a otros estudios que han cuestionado las bondades de las megaminas en regiones poco desarrolladas del planeta. Por ello, planteamos la creación de un organismo asesor internacional cualificado que pueda asesorar a las comunidades afectadas por los proyectos mineros.
También consideramos necesario avanzar en la fijación de unos estándares internacionales para contabilizar los impactos socioambientales. De esa forma, habrá mayores garantías de que los posibles perjuicios se calculen de forma adecuada y las administraciones públicas estarán en disposición de exigir las medidas correctoras necesarias a las grandes mineras. Estas medidas podrían ser de muy diverso tipo, desde compensaciones económicas al rechazo de ciertas modificaciones u obras respecto a los proyectos planteados originalmente.
La transición energética debería ser justa para todos los habitantes del planeta, vivan donde vivan.
Andoni Maiza Larrarte, Professor. Economics. UPV/EHU, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea and Gloria Claudio-Quiroga, Associate Professor of Economics at Francisco de Vitoria University in Madrid., Universidad Francisco de Vitoria
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
