Antonio Fortes Martín, Universidad Carlos III
Cuando las autoridades competentes detectan un lote de comida en mal estado, lo retiran del supermercado de inmediato. Si un avión no pasa una inspección de seguridad, se inmoviliza en tierra. Estas decisiones nos transmiten seguridad y confianza en las instituciones.
Sin embargo, ante una catástrofe climática como una inundación relámpago, una ola de calor extremo o un devastador incendio, la reacción del Estado no parece tan rápida ni contundente. ¿Por qué nos da la sensación de que la burocracia va más lenta que la emergencia climática? La respuesta no es la falta de voluntad. Tampoco una cuestión competencial, sino un problema de organización.
Agencias estatales: rápidas y eficientes
Para gestionar asuntos muy técnicos, el Estado crea agencias especializadas. Son organismos públicos con mayor separación entre la gestión técnica y la política que no funcionan con la rigidez de un ministerio tradicional. Tienen presupuesto propio, autonomía y flexibilidad en su gestión y pueden ejercer potestades de supervisión, vigilancia y control. Son, en definitiva, más ágiles y eficientes.
Hoy día tenemos agencias para vigilar los medicamentos, garantizar la seguridad en trenes y aviones, supervisar la inteligencia artificial y proteger la salud pública, entre otras. Sin embargo, nos falta una. No existe ninguna agencia estatal para hacer frente a la mayor amenaza que se cierne sobre la población: la crisis climática.
Demasiados actores en la escena climática
El cambio climático no es una predicción abstracta. El informe European State of the Climate Report 2025 de la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) evidencia que la emergencia climática está causando y provocará cada vez más estragos. El problema es que España combate esta realidad con una organización del siglo pasado.
Actualmente, la competencia estatal en materia de clima se diluye en una maraña de órganos políticos, técnicos, consultivos y de participación ciudadana: el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Oficina de Cambio Climático, la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y la Asamblea Ciudadana del Clima.
Este panorama organizativo se reproduce, además, en cada comunidad autónoma. Hay demasiados órganos analizando el problema de la variación del clima, pero falta una autoridad ejecutiva única con el poder real de protegernos de la crisis climática.
Una solución ya inventada: redefinir la AEMET
Crear un organismo desde cero se traduce en años de retrasos y luchas presupuestarias. Pero tampoco hace falta inventar la pólvora. La solución puede que ya exista y se llama AEMET (Agencia Estatal de Meteorología).
Aunque la mayoría de la gente asocia la AEMET con el pronóstico del tiempo, realmente es mucho más que eso. Es la autoridad meteorológica del Estado y presta servicios meteorológicos y climáticos para la seguridad de personas y bienes. Su actual estatuto, actualizado en abril de 2026, demuestra que el clima está en su ADN al gestionar el Sistema Nacional de Vigilancia y Seguimiento del Clima. La AEMET vigila la atmósfera, genera escenarios de cambio climático, presta servicios climáticos, elabora registros históricos sobre el clima y asesora científicamente al Gobierno.
A diferencia de nuestros vecinos portugueses, que han creado una agencia específica del clima, España podría tener una Agencia Estatal del Clima de forma inmediata y sin costes desmedidos. Para ello, bastaría con potenciar las funciones climáticas de la AEMET y rebautizarla como AEMEC (Agencia Estatal de Meteorología y Clima) o AECLIM (Agencia Estatal del Clima y Meteorología). Aprovechando su infraestructura, prestigio y personal científico, España dispondría no solo de una autoridad meteorológica sino de una auténtica autoridad nacional climática.
Hacia una ‘policía’ de seguridad climática
Pero una agencia climática del siglo XXI no puede limitarse a proporcionar datos científicos o predecir cuánto subirá la temperatura este próximo verano. Tampoco puede quedarse en una mera institución prestadora de servicios meteorológicos y climáticos.
Si no se inviste a la AEMET con facultades reales de supervisión en materia de clima, la alternativa entonces es crear una entidad distinta: una autoridad administrativa independiente para la protección de los derechos de los ciudadanos (como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, que vigila las cuentas del Estado). Una Autoridad Estatal de Supervisión del Clima más allá de la mera observación y la predicción del cambio climático.
La clave está en la función de supervisión y en la capacidad ejecutiva y sancionadora del nuevo organismo. Esta autoridad independiente debe funcionar como una verdadera “policía” de seguridad climática que garantice la solvencia climática del país.
Esta autoridad independiente está llamada a vigilar que ninguna actuación pública o privada ponga en riesgo los compromisos climáticos de España, comprobar el cumplimiento de la normativa nacional y europea en materia de clima, realizar inspecciones y sancionar a quienes pongan en peligro nuestro bienestar climático común.
Una respuesta organizativa para la crisis climática
Como advirtió el jurista alemán Eberhard Schmidt-Assmann (2003), gran parte de las demandas de cambio y adaptación de las administraciones modernas se solucionan con medidas organizativas. Y la crisis climática obliga a dar un paso organizativo al frente.
Una verdadera Agencia Estatal del Clima debe mostrarse a la ciudadanía como una auténtica autoridad de supervisión con poderes de disciplina climática. La AEMET podría llegar a cumplir esa función. Pero de no ser así, la solución pasa por crear una autoridad administrativa independiente como verdadera autoridad nacional de supervisión del clima. Esta autoridad requiere independencia funcional y autonomía para ejercer sus facultades de supervisión, control y sanción.
El debate ya no es si necesitamos o no un nuevo organismo para hacer frente al desafío climático, sino qué fórmula institucional es la más adecuada para fiscalizar si nuestro país está cumpliendo o no sus compromisos climáticos ante los ciudadanos.
Antonio Fortes Martín, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
