Un nuevo marco propone dirigir primero la inversión, la refrigeración y los refugios climáticos hacia las comunidades con mayor exposición y menor capacidad económica
Redactor: Raúl Méndez C.
Editor: Eduardo Schmitz
Un grupo internacional de investigadores plantea situar la equidad en el centro de las políticas contra el calor urbano. Su propuesta de “justicia térmica” busca que la protección no dependa del ingreso, la calidad de la vivienda o el barrio donde vive cada persona, mientras las ciudades registran temperaturas cada vez más elevadas.
El análisis, publicado en PLOS Climate, fue elaborado por especialistas de instituciones de Australia, India y Estados Unidos. Los autores examinaron las desigualdades relacionadas con exposición al calor, acceso a refrigeración, costos energéticos, salud, productividad y aprendizaje, y propusieron intervenciones tecnológicas, financieras y urbanas destinadas a las poblaciones de bajos ingresos.
Los consejos personales no resuelven una crisis estructural
Las recomendaciones frente a una ola de calor son conocidas: beber agua con regularidad, reducir el esfuerzo durante las horas más calurosas, mantener fresca la vivienda y comprobar el estado de personas mayores o aisladas. Estas medidas aparecen en las orientaciones actualizadas de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud.
La OMS también aconseja utilizar ropa ligera, cerrar persianas o cortinas durante el día, aprovechar el aire nocturno para ventilar y pasar algunas horas en un lugar fresco cuando resulte posible. Son precauciones importantes, pero no todas las personas pueden aplicarlas en las mismas condiciones.
Un trabajador al aire libre puede carecer de autonomía para cambiar su horario. Una familia que vive en una vivienda mal aislada quizá no pueda reducir la temperatura interior, mientras que el costo de utilizar aire acondicionado puede resultar inasumible. Las personas sin hogar, quienes viven solas o quienes dependen de cuidados afrontan barreras adicionales.
El artículo sobre los efectos del calor extremo en el trabajo en Reino Unido muestra por qué la protección también requiere descansos, horarios flexibles, agua, espacios frescos y responsabilidades claras para los empleadores.
El calor se distribuye de forma desigual dentro de las ciudades
La temperatura urbana no es uniforme. Los barrios con abundantes árboles, parques, superficies permeables y edificios bien aislados suelen ofrecer mejores condiciones térmicas que las áreas densamente construidas, con poco espacio público y grandes extensiones de asfalto.
Las viviendas de menor calidad pueden acumular calor durante el día y liberarlo lentamente por la noche. Esta falta de recuperación nocturna aumenta el estrés fisiológico, especialmente entre personas mayores, bebés, pacientes con enfermedades crónicas y quienes toman determinados medicamentos.
El estudio señala que el ingreso, la edad y las desigualdades raciales están relacionados con diferencias de exposición dentro de numerosas ciudades. Las comunidades de bajos ingresos suelen encontrarse en sectores con menos vegetación, mayor densidad, edificios térmicamente deficientes y menor capacidad para pagar refrigeración.
La justicia térmica propone medir esas diferencias dentro de cada ciudad, en lugar de depender únicamente de una temperatura media. Los mapas deben combinar calor, humedad, características de las viviendas, distribución de la población, condiciones sanitarias, cobertura vegetal y acceso a lugares frescos.
Más de 1.000 ciudades ya sufren sobrecalentamiento
Los autores recopilaron estudios que identifican más de 1.000 ciudades afectadas por sobrecalentamiento y aproximadamente 1.700 millones de habitantes urbanos expuestos a condiciones superiores a los límites habituales de confort y seguridad térmica.
Estas estimaciones proceden de diferentes conjuntos de datos y definiciones, por lo que no representan un registro único de personas enfermas. Su valor consiste en mostrar la escala global de la exposición y cómo la urbanización, el calentamiento climático y la desigualdad socioeconómica pueden reforzarse mutuamente.
La población de países con menores ingresos podría afrontar muchos más días por encima de los 35 grados Celsius que la de ciudades ricas bajo escenarios futuros de calentamiento. La diferencia no depende únicamente del clima regional: también intervienen la calidad de la infraestructura, la disponibilidad de electricidad, el acceso a servicios sanitarios y la capacidad financiera de los gobiernos.
La presión simultánea del calor sobre la salud y las redes eléctricas evidencia que la refrigeración basada exclusivamente en aparatos individuales puede resultar vulnerable durante picos de demanda o interrupciones del suministro.
La refrigeración también puede convertirse en una carga económica
El aire acondicionado reduce la exposición dentro de los edificios, pero su disponibilidad y costo son profundamente desiguales. Los hogares con menos recursos pueden habitar viviendas menos eficientes y necesitar más electricidad para obtener el mismo nivel de enfriamiento.
El estudio calcula que las familias de ingresos altos destinan entre el 0,2 % y el 2,5 % de sus gastos al uso de aire acondicionado, mientras que en hogares de bajos ingresos esa proporción puede alcanzar el 8 %. Los valores varían entre países, climas, tarifas y tipos de vivienda.
Una expansión de la refrigeración sin mejoras de eficiencia también puede incrementar la demanda eléctrica, elevar las facturas y aumentar las emisiones cuando la red depende de combustibles fósiles. Además, los equipos expulsan calor hacia el exterior y pueden contribuir al calentamiento local en áreas densamente construidas.
Por ello, la justicia térmica plantea combinar refrigeración eficiente con rehabilitación de viviendas, materiales reflectantes, aislamiento, ventilación, sombra, vegetación y planificación urbana. La meta es reducir la temperatura antes de recurrir exclusivamente al consumo eléctrico.
Árboles y espacios verdes deben llegar a los sectores prioritarios
La infraestructura verde puede disminuir la radiación recibida por peatones y superficies, pero su distribución suele ser desigual. Los barrios con menores ingresos no siempre cuentan con suficiente arbolado, y las plantaciones recientes necesitan años de cuidados antes de ofrecer sombra amplia.
El análisis sobre soluciones naturales frente al calor urbano destaca la utilidad de árboles, parques, corredores verdes y superficies permeables. Estas medidas también pueden favorecer la biodiversidad y la gestión del agua cuando se diseñan de acuerdo con el clima local.
La selección y ubicación del arbolado requieren planificación. Los árboles deben disponer de suelo, agua y mantenimiento, y las especies elegidas deben tolerar las condiciones previstas durante las próximas décadas. En calles estrechas, el diseño también debe permitir la circulación del aire.
Las inversiones verdes pueden generar otro riesgo: si la mejora ambiental eleva el precio de la vivienda y desplaza a los residentes originales, las personas más expuestas dejan de recibir el beneficio. Los autores sostienen que la adaptación debe acompañarse de protección de la vivienda asequible, participación vecinal y medidas contra el desplazamiento.
Refugios climáticos como red pública de seguridad
Los refugios climáticos son bibliotecas, escuelas, centros comunitarios u otros espacios accesibles que ofrecen condiciones seguras durante episodios de calor. Pueden resultar esenciales para personas sin refrigeración doméstica, pero necesitan horarios amplios, transporte cercano, agua potable e información comprensible.
La creación de estos espacios no sustituye la rehabilitación de viviendas ni la reducción de emisiones. Funciona como una red inmediata de protección mientras avanzan intervenciones de mayor duración.
Los investigadores proponen establecer “redes de seguridad térmica” que garanticen niveles mínimos de protección. Estas podrían incluir tarifas energéticas sociales, asistencia para pagar refrigeración, vigilancia sanitaria, apoyo a personas aisladas y protocolos específicos para escuelas, residencias, hospitales y centros laborales.
La OMS recomienda que los planes frente al calor integren alertas tempranas, identificación de grupos vulnerables, comunicación, continuidad de los servicios sanitarios, reducción de la exposición y evaluación posterior. Su segunda guía sobre planes de acción calor-salud organiza estas tareas en ocho elementos operativos.
La adaptación debe medirse por quién recibe protección
La justicia térmica no evalúa una política únicamente por la reducción promedio de temperatura. También pregunta quién obtiene el beneficio, quién asume los costos, qué comunidades participaron en las decisiones y si la intervención trasladó el calor o la contaminación hacia otros sectores.
Este enfoque requiere indicadores capaces de comparar barrios. Entre ellos pueden incluirse la temperatura nocturna, la calidad térmica de las viviendas, la cobertura de sombra, la distancia a un refugio, el porcentaje del ingreso destinado a energía y la incidencia de emergencias sanitarias.
El estudio sobre desigualdades detectadas en los planes climáticos refleja la necesidad de comprobar si las políticas protegen realmente a las comunidades más expuestas y no solo si incorporan términos relacionados con equidad.
Los autores también proponen instrumentos financieros como bonos para combatir el calor y créditos de resiliencia. Advierten, sin embargo, que estas herramientas deben operar bajo una gobernanza pública sólida y complementar la inversión en vivienda social e infraestructura, no reemplazarla.
Ciudades más frescas requieren participación y responsabilidad
La perspectiva fue elaborada por Konstantina Vasilakopoulou, del Real Instituto de Tecnología de Melbourne, junto con Ansar Khan, Priyadarsini Rajagopalan, Samantha Wijewardane y Matthaios Santamouris.
El trabajo no constituye un ensayo de una intervención única, sino una síntesis argumentada de evidencia procedente de diferentes ciudades y estudios. Algunas cifras recopiladas utilizan metodologías distintas y deben interpretarse según su contexto geográfico y temporal.
Su planteamiento central es que el sobrecalentamiento urbano no puede abordarse únicamente como un problema de ingeniería. La vivienda, el empleo, el ingreso, la salud, la energía y la representación política determinan quién puede protegerse y quién permanece expuesto.
Aplicar la justicia térmica supone dirigir primero los recursos hacia los sectores donde coinciden altas temperaturas, viviendas deficientes, enfermedades, pobreza energética y poca infraestructura verde. También implica escuchar a las comunidades antes de decidir dónde instalar árboles, refugios, sistemas de refrigeración o nuevos materiales urbanos.
Fuentes referenciales:
Phys.org
PLOS Climate
Organización Mundial de la Salud para Europa
