La minería de los fondos marinos podría convertirse en una de las batallas ambientales más importantes de 2025. En todo el mundo, los gobiernos están considerando la posibilidad de permitir la explotación de los fondos oceánicos en busca de minerales metálicos. Nueva Zelanda se encuentra entre ellos.
Por Myra Williamson
Hay mucho en juego. La minería en aguas profundas es muy controvertida , y la evidencia demuestra que la actividad minera puede causar daños duraderos a los frágiles ecosistemas marinos. Una zona frente a la costa este de Estados Unidos, explotada experimentalmente hace 50 años, aún presenta cicatrices y muestra pocas señales de recuperación.
Mientras el mundo enfrenta presiones contrapuestas —acción climática y conservación versus demanda de recursos— Nueva Zelanda debe ahora decidir si acelerar la minería, regularla estrictamente o pausarla por completo.
¿Quién controla la explotación minera internacional de los fondos marinos?
Un punto crítico importante es la gobernanza en aguas internacionales. Según el derecho internacional, la minería de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional está gestionada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ( ISA ), creada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM).
Pero Estados Unidos nunca ha ratificado la Convención. En abril de este año, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para eludir la ISA y permitir que las empresas comiencen a explotar minas en aguas internacionales.
La ISA ha respondido , advirtiendo que las acciones unilaterales violan el derecho internacional. Sin embargo, la declaración de la recién concluida Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en Francia no insta a los países a adoptar un enfoque precautorio ni prohíbe la minería de los fondos marinos.
La declaración “reitera la necesidad de aumentar el conocimiento científico sobre los ecosistemas de aguas profundas” y reconoce el papel de la ISA en el establecimiento de “reglas, regulaciones y procedimientos sólidos para la explotación de recursos” en aguas internacionales .
Así pues, aunque la comunidad internacional apoya el multilateralismo y el derecho internacional , la minería de aguas profundas en el futuro próximo sigue siendo una posibilidad real.
Aprobaciones por vía rápida
En el Pacífico, algunos países ya han decidido qué camino tomar. Nauru actualizó recientemente su acuerdo con la canadiense The Metals Company para iniciar la minería en la cercana Zona Clarion Clipperton . El acuerdo favorece la estrategia estadounidense de operar por su cuenta frente al modelo ISA.
En cambio, en 2022, el gobierno laborista de Nueva Zelanda respaldó la moratoria de la ISA y se comprometió a implementar una estrategia integral de gestión oceánica. No está claro si esta postura se mantiene, dadas las políticas del gobierno actual.
La lista de solicitudes bajo la Ley de Aprobaciones Aceleradas de 2024 —descrita por el Ministro de Desarrollo Regional, Shane Jones, como «posiblemente el régimen más permisivo» de Australasia— incluye dos controvertidas propuestas de minería de los fondos marinos en la bahía de Bream y frente a la costa de Taranaki:
- La propuesta de Trans-Tasman Resources de extraer hasta 50 millones de toneladas métricas de material del lecho marino de Taranaki anualmente para recuperar arenas minerales pesadas que contienen mineral de hierro, así como elementos metálicos raros como titanio y vanadio.
- La propuesta de McCallum Brothers Ltd. para Bream Bay consiste en dragar hasta 150.000 metros cúbicos de arena al año durante tres años, y hasta 250.000 metros cúbicos después de eso.
El panorama jurídico está cambiando
Los grupos maoríes y ambientalistas se han opuesto a la política de vía rápida , y hasta ahora el Tratado de Waitangi ha sido una poderosa salvaguardia en los casos de minería de los fondos marinos.
Las disposiciones que hacen referencia a los principios del Tratado aparecen en leyes clave, incluida la Ley de Minerales de la Corona y la Ley de la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental (Efectos Ambientales).
En 2021, el Tribunal Supremo citó estas obligaciones al rechazar una solicitud de vertido marino presentada en 2016 por Trans-Tasman Resources para explotar el lecho marino de la bahía de Taranaki. El tribunal dictaminó que las cláusulas del Tratado deben interpretarse de forma amplia y generosa, reconociendo los derechos marinos tikanga maoríes y consuetudinarios.
Pero ese panorama legal podría cambiar pronto. El Proyecto de Ley de Normas Regulatorias , actualmente en trámite en el parlamento, priorizaría los derechos de propiedad sobre las protecciones ambientales o indígenas en la formulación de nuevas leyes y regulaciones.
El proyecto de ley también permite la revisión de la legislación vigente. En teoría, si el Proyecto de Ley de Normas Regulatorias se convierte en ley, podría resultar en la eliminación de las cláusulas de los principios del Tratado.
Esto, a su vez, podría privar a los tribunales de las herramientas que han utilizado previamente para defender las protecciones ambientales y las derivadas de los Tratados y bloquear las solicitudes de explotación minera de los fondos marinos. Esto facilitaría la aprobación acelerada de proyectos como los de Bream Bay y Taranaki.
Sentando un precedente
Mientras tanto, Hawái ha tomado un rumbo diferente. En 2024, este estado estadounidense aprobó una ley que prohíbe la minería de los fondos marinos en aguas estatales , uniéndose a California (2022), Washington (2021) y Oregón (1991).
Según la Ley de Prevención de la Minería en los Fondos Marinos de Hawái, la minería está prohibida, salvo en casos excepcionales, como la restauración de playas. La ley invoca el derecho del público a un medio ambiente limpio y saludable .
Mientras se gesta un conflicto global sobre la gobernanza de los fondos marinos, la eventual posición de Nueva Zelanda podría sentar un precedente.
Elegir prohibir la minería de los fondos marinos en aguas de Nueva Zelanda, como lo ha hecho Hawái, enviaría un fuerte mensaje de que la gestión ambiental y los derechos de los indígenas importan más que los intereses de extracción de recursos a corto plazo.
Sin embargo, si Nueva Zelanda decide seguir adelante con la minería del fondo marino, podría desencadenar una cascada de iniciativas mineras en toda Nueva Zelanda y el Pacífico. Se aproxima una decisión crucial.
Este artículo se republica de The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lea el artículo original .
