Autoridades de las Marianas del Norte y Samoa Americana alertan sobre la falta de participación local, los riesgos para la pesca y los posibles daños a ecosistemas poco conocidos
Redactor: Camila Herrera R.
Editor: Karem Díaz S.
Autoridades y representantes comunitarios de territorios estadounidenses en el Pacífico expresaron su oposición a los planes de Washington para ofrecer grandes extensiones del fondo oceánico a empresas interesadas en explorar minerales críticos. El gobernador de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, David Apatang, afirmó que la población no fue consultada antes de conocerse una segunda zona potencial de arrendamiento próxima al archipiélago.
La propuesta forma parte del impulso de Estados Unidos a la minería en aguas profundas, una industria que busca extraer níquel, cobre, cobalto y manganeso de los nódulos polimetálicos depositados sobre las llanuras abisales. Estos materiales tienen aplicaciones en baterías, equipos electrónicos, sistemas energéticos y tecnologías militares.
El debate se suma al dilema ambiental planteado por la minería del océano profundo, donde el interés por los minerales coincide con una notable falta de información sobre la biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas y su capacidad de recuperación.
Dos áreas bajo estudio cerca de las Marianas del Norte
Washington había planteado inicialmente estudiar un bloque de aproximadamente 140.000 kilómetros cuadrados situado unos 200 kilómetros al este de Saipán, capital de las Marianas del Norte. En marzo de 2026 se incorporó a la consideración federal otra superficie de dimensiones similares al oeste del territorio.
Apatang declaró a la agencia AFP que la ampliación lo tomó por sorpresa y sostuvo que no existieron consultas con los habitantes de las islas. Entre sus principales preocupaciones mencionó la seguridad alimentaria de una población cercana a las 40.000 personas, muchas de las cuales dependen de los recursos marinos.
Las Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana han manifestado su interés en impedir temporalmente la minería submarina dentro de sus aguas territoriales. Sin embargo, su autoridad directa alcanza solamente unas tres millas náuticas, equivalentes a cerca de cinco kilómetros desde la costa, mientras el Gobierno federal administra la plataforma continental exterior.
Guam aprobó disposiciones para impedir que las embarcaciones vinculadas con esta actividad utilicen sus puertos. La medida podría dificultar el abastecimiento de combustible, equipos y suministros de futuras operaciones. Apatang indicó que su gobierno podría estudiar una respuesta semejante.
Samoa Americana enfrenta la propuesta más avanzada
El proceso federal se encuentra más adelantado frente a Samoa Americana. La Oficina de Administración de Energía Oceánica de Estados Unidos presentó en julio un aviso de arrendamiento que contempla dos áreas con una superficie conjunta cercana a 31,5 millones de acres, unos 127.500 kilómetros cuadrados.
El documento propone realizar una subasta el 19 de noviembre de 2026, aunque la convocatoria definitiva todavía depende de pasos administrativos adicionales. La agencia federal aclara que la adjudicación de las áreas permitiría estudios preliminares y no autorizaría automáticamente la extracción comercial. Un futuro plan minero requeriría una evaluación y aprobación separadas.
Una de las preocupaciones es la proximidad de las áreas consideradas al entorno del atolón Rose, un refugio marino que alberga arrecifes y especies amenazadas, entre ellas la tortuga carey. La representante de Samoa Americana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Aumua Amata Coleman Radewagen, advirtió que la actividad también podría afectar la pesca, responsable de la mayor parte de los ingresos por exportaciones del territorio.
El interés por explotar estos recursos no se limita a Estados Unidos. algunos países insulares del Pacífico estudian el aprovechamiento del fondo marino como fuente de ingresos, mientras otros reclaman una moratoria hasta contar con conocimientos científicos y salvaguardas suficientes.
Sedimentos, ruido y pérdida de hábitats profundos
La extracción propuesta emplearía vehículos recolectores para recorrer el lecho oceánico y retirar los nódulos. El material sería enviado hacia una embarcación mediante tuberías, un proceso capaz de remover sedimentos y generar nubes de partículas que podrían desplazarse fuera del área intervenida.
Los científicos estudian los posibles efectos de esas plumas sobre organismos del fondo, especies de aguas intermedias y cadenas alimentarias. También preocupa la devolución de residuos al océano y la liberación de metales presentes en los sedimentos. La recuperación sería especialmente lenta porque algunos nódulos necesitan millones de años para formarse.
El funcionamiento constante de maquinaria y embarcaciones añadiría otra presión. Un análisis sobre el ruido producido por la minería en el Pacífico advirtió que la contaminación acústica puede alterar la conducta, la comunicación y la fisiología de diferentes animales marinos.
La escasez de datos dificulta calcular el alcance real de los daños. Los ecosistemas abisales albergan especies todavía desconocidas y organismos adaptados a condiciones muy estables. Esa vulnerabilidad sustenta los llamados a aplicar el principio de precaución antes de autorizar actividades industriales a gran escala.
El Pacífico permanece dividido ante la nueva industria
Nauru y las Islas Cook figuran entre los territorios que han avanzado en la exploración de minerales submarinos. China también mantiene contratos de investigación en aguas internacionales del Pacífico y del Índico, dentro de una estrategia orientada a los recursos minerales del fondo oceánico.
En sentido contrario, Samoa, Fiyi y Palaos apoyan una moratoria o una pausa precautoria. Nueva Zelanda también afronta presiones para definir su posición frente a una actividad que se ha convertido en una disputa ambiental y política en el Pacífico.
En las áreas internacionales, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es responsable de organizar las actividades y proteger el medio marino. El organismo ha otorgado contratos de exploración, pero todavía no ha concluido el código que regularía la explotación comercial. Estados Unidos no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y está impulsando procedimientos bajo su legislación nacional.
La discusión también incluye la distribución de los beneficios. Representantes comunitarios consideran insuficientes las compensaciones propuestas por algunas compañías frente a los riesgos para la pesca, la cultura y los ecosistemas. Para los habitantes de las islas, el océano constituye una fuente de alimento, identidad y sustento cuya importancia no puede reducirse únicamente al valor comercial de los minerales.
Fuentes referenciales:
Phys.org
Oficina de Administración de Energía Oceánica de Estados Unidos
Aviso de arrendamiento propuesto para Samoa Americana
