Mientras las naciones de todo el mundo compiten por alcanzar el objetivo de neutralidad de carbono para 2050, Japón se ha convertido en un actor clave en la implementación de la «transformación verde» (GX), una transición integral de la dependencia de los combustibles fósiles a las energías renovables como fuente primaria de energía.Eco-friendly travel destinations
A diferencia de otros países, el gobierno japonés considera esta transición no solo un imperativo ambiental, sino también una oportunidad para el crecimiento económico. Un elemento central de esta visión es el establecimiento de un sistema de precios del carbono orientado al crecimiento, promulgado en leyes innovadoras recientes como la Ley de Promoción de la GX de 2023.
Sin embargo, los esfuerzos para acelerar esta transición se han topado con desafíos imprevistos. El despliegue rápido y a gran escala de infraestructura de energía renovable ha generado problemas ambientales y sociales. Por ejemplo, la luz reflejada por los paneles solares y el ruido de los aerogeneradores han perturbado la vida cotidiana en algunas comunidades, mientras que las palas de los aerogeneradores representan una amenaza para las especies de aves en peligro de extinción.
Tanto en Japón como en Estados Unidos, estos problemas han dado lugar a acciones legales contra proyectos de energía renovable . Estos avances ponen de relieve la urgente necesidad de acelerar la implementación de mecanismos de fijación de precios del carbono, a la vez que se abordan de forma proactiva las fricciones a nivel local.
En este sentido, el profesor Hiroshi Kobayashi, de la Facultad de Economía y Derecho y la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de Shinshu (Japón), realizó un análisis exhaustivo de las iniciativas de fijación de precios del carbono en Japón y sus desafíos. Su investigación, publicada en el volumen 40 de la Revista de Derecho y Litigios Ambientales el 2 de junio de 2025, examina los marcos jurídicos y económicos establecidos por la Ley de Promoción de GX de Japón y los compara con las políticas de transición a energías limpias de Estados Unidos.
El análisis revela que el cronograma de implementación actual de Japón podría ser insuficiente para alcanzar los objetivos climáticos. Se centra en dos componentes centrales de la tarificación del carbono orientada al crecimiento de Japón: el sistema de comercio de emisiones (GX-ETS) y el sistema de gravámenes a los combustibles fósiles.
Aunque el GX-ETS se introdujo como un programa voluntario en 2023, la participación obligatoria para los grandes emisores está prevista para 2026, y las subastas pagas para el sector de generación de energía comenzarán en 2033. De manera similar, el sistema de impuestos a los combustibles fósiles estará operativo a partir de 2028, lo que significa que sus contribuciones a los objetivos de 2030 serán insignificantes.
Además, el profesor Kobayashi adopta un análisis jurídico comparativo para examinar los patrones de litigios en materia de energías renovables en Japón y Estados Unidos, evaluando cómo los desafíos legales pueden afectar el desarrollo de proyectos. Observa que, si bien Japón registra menos demandas relacionadas con los ecosistemas —en parte debido a requisitos de legitimación más restrictivos—, las disputas de origen humano, en particular las relativas a los derechos paisajísticos y la contaminación acústica, siguen planteando obstáculos considerables.
«Es esencial mitigar el riesgo de litigios fomentando proyectos de energía renovable en simbiosis con las comunidades locales , a fin de acelerar la implementación a gran escala de un precio del carbono orientado al crecimiento», enfatiza.
Su investigación destaca que los proyectos de energía renovable exitosos requieren tanto la participación temprana de las partes interesadas como una consulta transparente con las comunidades locales, como lo evidencian los resultados contrastantes del fallido proyecto Cape Wind y el exitoso parque eólico marino de Block Island en Estados Unidos.
El artículo también destaca la disparidad de escala entre las inversiones climáticas japonesas y estadounidenses. Mientras que Japón planea emitir 20 billones de yenes en Bonos de Transición Económica GX durante la próxima década, la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. prevé aproximadamente 369 000 millones de dólares estadounidenses en inversiones climáticas, lo que refleja un compromiso financiero más agresivo con la transición a las energías limpias, que se verá modificado por la Ley One Big Beautiful Bill (Una Gran y Hermosa Ley) de la administración Trump.
Según el profesor Kobayashi, la demora en la implementación de los mecanismos de fijación de precios del carbono contradice la urgencia descrita en el Sexto Informe de Síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Este informe enfatiza firmemente que las medidas adoptadas en esta década tendrán un impacto decisivo en el futuro de la humanidad.
El profesor Kobayashi señala: «Para lograr una sociedad descarbonizada para 2050, creo que es necesario implementar plenamente y desde el principio una tarificación del carbono orientada al crecimiento, que incluya sistemas de comercio de emisiones y gravámenes a los combustibles fósiles».
Cabe mencionar que la Ley de Promoción GX fue modificada en mayo de 2025, requiriendo que las empresas con emisiones de dióxido de carbono de 100.000 toneladas o más por año participen en el comercio de emisiones.
Si bien la fijación de precios del carbono y los litigios relacionados con las energías renovables no están directamente relacionados, minimizar los riesgos de litigio asociados a los proyectos de energías renovables es esencial para garantizar su finalización oportuna, impulsando así una transición fluida hacia la energía verde. En resumen, este estudio ofrece información invaluable no solo para Japón, sino para todas las naciones comprometidas con el logro de los objetivos de neutralidad de carbono.
Más información: Kobayashi, Hiroshi. Precio del carbono para GX y energías renovables: El caso de Japón y comparaciones con Estados Unidos, Journal of Environmental Law and Litigation (2025). hdl.handle.net/1794/30848
