María Jesús Such Devesa, Universidad de Alcalá; Khusen Ibragimov, Universidad de Alcalá; María Jesús Salado García, Universidad de Alcalá, and Patricia Aranda Cuéllar, Universidad de Alcalá
La emergencia climática, la progresiva degradación ambiental y las desigualdades sociales crecientes reclaman con fuerza la superación de la actual forma de entender y abordar la sostenibilidad. Los habituales enfoques sectoriales no parecen ser suficientes para abordar una crisis sistémica como la que afrontamos.
El caso de las energías renovables es paradigmático en este sentido. Por una parte, oímos con frecuencia que esta es la década clave para alcanzar las metas de París y evitar las peores consecuencias del cambio climático, y que, para ello, el rápido despliegue de proyectos de energías renovables es decisivo. Al tiempo, numerosas voces alertan de que esas instalaciones, sobre todo las de grandes dimensiones y en ciertas ubicaciones, pueden menoscabar la biodiversidad, la viabilidad de ciertos sectores productivos o la cohesión territorial.
Explorar ahora un enfoque que integre la conservación de la biodiversidad con la lucha climática es especialmente relevante.
El urgente despliegue de las renovables
En Europa, al proceso de descarbonización de la economía se suma, desde febrero de 2022, la urgencia de mejorar la seguridad del suministro energético y de reducir la dependencia de las fuentes de energía rusas.
Para responder a esa necesidad, el plan REPowerEU prevé una notable expansión de las energías renovables, especialmente de la energía solar.
De forma coherente, los ministros de Energía de la UE han acordado en las últimas semanas el contenido de un reglamento que establece un marco temporal para acelerar el proceso de concesión de autorizaciones y el despliegue de proyectos de energías renovables. Distintas plataformas ciudadanas y científicas han reaccionado alertando sobre los riesgos que para la biodiversidad y la producción agraria pueden suponer estas medidas.
El ejemplo de Irlanda
En este marco, el reconocido potencial de España en energías renovables, fundamentalmente eólica y fotovoltaica, la sitúa previsiblemente a las puertas de profundas y aceleradas transformaciones económicas y territoriales.
Se precisan, pues, instrumentos y procesos capaces de orientar esa transición energética hacia el desarrollo local sostenible, el equilibrio y la cohesión territoriales y el respeto a la biodiversidad. Solo con una mirada que integre esos distintos objetivos podrán diseñarse soluciones que reviertan de manera efectiva y conjunta los procesos de deterioro actuales.
A este respecto, existen algunos precedentes interesantes. La restauración de las turberas incluida en el Plan de Acción Climática irlandés persigue tanto objetivos climáticos (reducción de las emisiones de carbono, secuestro y almacenamiento del mismo a largo plazo) como ecosistémicos (mejora de la biodiversidad y de la calidad del agua), recreacionales o educativos y de sensibilización ciudadana.
A través de los programas o convenios para una transición justa se abren en estas zonas oportunidades de innovación en economía circular y baja en carbono.
Del mismo modo, la agrivoltaica o la restauración de ecosistemas en los entornos de los parques eólicos son oportunidades de socializar los beneficios económicos producidos por esas instalaciones y de afrontar simultáneamente varias facetas de la actual crisis socioambiental.
¿Qué piensan los españoles sobre las renovables?
En la Cátedra ENGIE de Sostenibilidad, Cambio Climático y Transición Energética de la Universidad de Alcalá trabajamos para buscar respuestas a la pregunta clave: ¿Cómo asociar metas sociales, ambientales, de innovación y diversificación económica a los proyectos de energía renovable, más allá de la mera producción de electricidad?
Entre otras líneas de trabajo, parece necesario averiguar el conocimiento que la ciudadanía y otros agentes sociales tienen de los tipos de instalaciones de generación eléctrica renovable y de sus impactos.
Como primera aproximación a estas cuestiones, contamos con el sondeo Los españoles, las energías renovables y la biodiversidad, promovido por ENGIE España y realizado en los primeros meses de 2022 por la consultora GAD3 sobre una muestra de 2 200 entrevistas.
A partir de sus resultados, se puede afirmar que hay una aceptación razonable de las energías renovables. En torno a un 68 % de la población encuestada piensa que las energías renovables favorecen la lucha contra el cambio climático.
La encuesta muestra, además, que tanto en entornos rurales como urbanos se aprecia mayoritariamente (un 98 %) un vínculo evidente con la biodiversidad. En este aspecto de enorme relevancia se destacan factores como la mala ubicación de plantas de energías renovables y el riesgo que suponen para determinadas especies, como podría ser el caso de aves y quirópteros. O la contaminación lumínica y acústica producida por alguna de estas instalaciones y que termina alterando el paisaje y las conductas de los animales que allí habitan.
Preocupados por la biodiversidad
En el gráfico que sigue a este párrafo se muestra un análisis pormenorizado de la preocupación de la sociedad española por la biodiversidad, en una escala que parte del valor 1 (“no me preocupa nada”) hasta el valor 5 (“me preocupa mucho”), en función del tamaño de población del municipio de residencia.
La conclusión más evidente es que existe homogeneidad en la percepción en los entornos rurales y urbanos, aunque sí pueden apreciarse ciertas diferencias en los valores extremos. La ausencia de preocupación por la biodiversidad (valor 1) desciende conforme aumenta el tamaño de la población; en el extremo opuesto de la escala (valor 5) se observa una tendencia coherente.
Se puede intuir, por tanto, que es posible que en los entornos rurales exista mayor diversidad de opinión con respecto a la protección de la biodiversidad. No obstante, hay que señalar que la muestra utilizada para la toma de datos no se ha centrado en territorios en los que existan ya plantas de renovables, bien instaladas o en proyecto.
Se evidencia así la necesidad de explorar soluciones que integren la descarbonización de la economía con la necesidad de proteger la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas de los que dependemos. Al tiempo, esa transición debe favorecer una mayor resiliencia de los territorios, las comunidades y los sectores productivos más vulnerables.
Unas renovables aliadas del medio ambiente
Aun siendo conscientes de que la energía renovable también tiene costes, la adecuada selección del tipo y tamaño de las instalaciones, de ubicaciones (priorizando las ya degradadas o artificializadas) o la inclusión en los proyectos de medidas de restauración ecológica o fortalecimiento de las capacidades locales contribuirán a aprovechar la inevitable transición energética para alimentar un enfoque regenerativo de ese cambio.
El buen funcionamiento de la excepción ibérica gracias a los precios de las renovables puede adivinarse como germen del futuro energético del país. No obstante, para que ese futuro pueda sostenerse en el tiempo no debería construirse a costa de la biodiversidad o del vaciado de territorios rurales.
Volviendo a la pregunta inicial, es perentorio abordar la emergencia climática sin poner en riesgo la biodiversidad. Ese parece ser el enfoque de la Estrategia de Biodiversidad y Ciencia 2023-2027 aprobada en los últimos días por el Consejo de Ministros de España.
No podemos olvidar la relación, reconocida por la ciencia, de retroalimentación mutua entre la pérdida de biodiversidad y aceleración del cambio climático. Ni tampoco el vínculo entre conservación y comunidades locales. Algunas experiencias, como la irlandesa, abren el camino hacia una inclusión efectiva de esa visión integral y regenerativa en las políticas y planes.
María Jesús Such Devesa, Catedrática de Universidad en el área de Economía Aplicada, Universidad de Alcalá; Khusen Ibragimov, Investigador posdoctoral, Universidad de Alcalá; María Jesús Salado García, Profesora titular de Geografía Humana en el Dpto. Geología, Geografía y Medioambiente, Universidad de Alcalá, and Patricia Aranda Cuéllar, Investigadora en Economía Aplicada, Universidad de Alcalá
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
