Una de las innovaciones de la investigación fue el modelado de los impactos futuros de posibles nuevas áreas destinadas a la minería y de la infraestructura necesaria para llegar a ellas, como en el caso de la construcción de carreteras
AGENCIA FAPESP/DICYT – Un modelo desarrollado por científicos brasileños demostró que la apertura de áreas protegidas en la Amazonia para la concreción de proyectos de minería llevaría a la devastación de 183 kilómetros cuadrados (km²) de selva como resultado directo de la existencia de las nuevas minas, y a la pérdida de más 7.626 km² derivada de los impactos directos e indirectos ocasionados por la construcción de infraestructura.
Los investigadores mapearon 242 depósitos minerales en la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), un área localizada entre los estados norteños de Amapá y Pará, creada por el gobierno brasileño en 1984 con la finalidad de proteger bienes minerales y para la investigación geológica. La deforestación abarcaría un 16,6 % de los 47 mil km² del área total de la Renca.
Este escenario exigiría 1.463 km de nuevas carreteras que facilitasen el acceso a la región, provocando una deforestación indirecta (estimada como 40 veces mayor que la devastación directa de la minería) y la fragmentación del paisaje, con una importante pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que la selva suministra.
El resultado de este estudio salió publicado en la revista científica Nature Sustainability en medio de los debates de diversos proyectos de ley en el Congreso Nacional de Brasil que prevén la autorización de la minería en áreas protegidas, incluso en Tierras Indígenas (TI). Mientras tanto, han venido registrándose altas tasas de deforestación en la Amazonia: fueron 8.590,33 km² entre agosto de 2021 y julio de 2022, un índice que ocupa el tercer lugar en las mediciones efectuadas desde 2015, de acuerdo con datos de programa Deter, una herramienta del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).
En el trabajo al que aquí se alude, se modelaron cinco escenarios de expansión de la minería durante 30 años en la Renca. En la actualidad, nueve Unidades de Conservación cubren el 90 % del área de la reserva: dos son TI, tres son áreas de protección integral y cuatro son de uso sostenible. No está permitida la minería legalmente dentro de ese territorio y de las áreas protegidas que se ubican en la Renca.
En 2017, el entonces presidente Michel Temer intentó terminar con la protección de la reserva con el argumento de la explotación comercial, pero cedió tras la presión de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil. “Una de las innovaciones de la investigación fue el modelado de los impactos futuros de posibles nuevas áreas destinadas a la minería y de la infraestructura necesaria para llegar a ellas, como en el caso de la construcción de carreteras. Creemos que las discusiones y las propuestas tendientes a reducir las áreas protegidas deben tener en cuenta el impacto sobre la selva, sobre su biodiversidad y sobre los servicios ecosistémicos. De allí la necesidad de contar con una planificación estratégica en estos casos”, dijo la ingeniera ambiental Juliana Siqueira-Gay.
La investigadora es la autora principal del artículo, que forma parte de su tesis doctoral defendida en la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo (Poli-USP). Por este trabajo, fue seleccionada por la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos (IAIA, por sus siglas en inglés) para recibir el Premio IAIA Juventud 2022, destinado a distinguir logros en el área de la evaluación de impactos ambientales de miembros de la asociación con menos de 35 años. Recientemente, la científica fue reconocida por la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior (Capes), una agencia ligada al Ministerio de Educación de Brasil que financió su beca de estudios, con la mención de honor del Premio Capes de Tesis.
Para el profesor de la USP Luis Enrique Sánchez, director de tesis de Siqueira-Gay y coautor del artículo, este trabajo puede aportar a la toma de decisiones. “Esta investigación muestra que antes de modificar las reglas para achicar las áreas de conservación o abrir Tierras Indígenas a la producción mineral, o incluso suspender el decreto de la Renca, es necesario evaluar los impactos mediante estudios ambientales de carácter estratégico, y caso por caso. Estas decisiones pueden tener implicaciones a escala regional. Demostramos que deben efectuarse las evaluaciones de impactos de las políticas gubernamentales”, añade Sánchez, quien cuenta con el apoyo de la FAPESP.
El profesor hace mención a otro estudio, publicado en la revista One Earth en el año 2020 por el grupo, que contó con la participación de investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), en el cual se abordaron específicamente las Tierras Indígenas. En ese trabajo, los científicos calcularon que la minería en esas áreas podría incrementar un 20 % el impacto sobre la selva y generar pérdidas por un valor que podría ascender a los 5.000 millones de dólares en servicios ecosistémicos tales como la regulación de lluvias y la producción de alimentos.
Los escenarios
El grupo desarrolló modelos espaciales de alteraciones en el uso de la tierra para simular la expansión de las minas y de la infraestructura asociada a las mismas, incluso en el área de la Renca y sus alrededores, en un total de unos 250 mil km² (lo que corresponde al 5 % del territorio de la Amazonia Legal Brasileña).
Se montaron cinco escenarios relevantes para la política de autorización de la minería y el aumento de otras actividades humanas en la Renca. En uno de ellos, el decreto de la reserva permanece activo y ninguna área de preservación se altera. En los otros cuatro, se suspende el decreto, pero se plantean puntos para cada uno: 1) se cambia la legislación sobre Tierras Indígenas para permitir la minería y la construcción de carreteras de acceso; 2) se modifica el plan de gestión de las áreas de uso sostenible para permitir la actividad; 3) se permite la minería en TI y en áreas de uso sostenible, y 4) se suspenden las exigencias en todas las Unidades de Conservación de la Renca.
De ninguno de los modelados surgió un resultado deseable de conservación, y todos en alguna medida arrojaron un aumento de la deforestación, pérdidas de áreas altamente biodiversas y un crecimiento de la fragmentación del paisaje. En algunos casos, una red vial larga y cara sería necesaria, lo cual crearía una presión adicional para abrir aún más las áreas de protección, y generaría una mayor fragmentación forestal.
Los investigadores no abordan específicamente las minas de oro, pero mencionan que la región es conocida por albergar diversos yacimientos, ya ocupados por la minería ilegal. “Dado el actual crecimiento de esas actividades ilegales en la Amazonia, debido al precio del oro y al apoyo político, la apertura de la zona a su explotación y a la minería, y su consiguiente infraestructura, induciría una mayor ocupación informal en busca de yacimientos de oro”, escriben los investigadores.
Según Sánchez, en el actual marco de la selva amazónica, con baja gobernanza, las presiones sobre el área aumentan. “Las vías de acceso, como en el caso de las carreteras, constituyen puertas de entrada y facilitan otras actividades, tanto legales como ilegales. Cuando existe una baja gobernanza, el impacto de la minería se multiplica”, afirma el profesor.
Un informe dado a conocer el año pasado por MapBiomas, una red colaborativa formada por ONG, universidades y startups de tecnología que mapea la cobertura y el uso del suelo en Brasil, calculó que el área de explotación minera existente en el país creció seis veces entre 1985 y 2020. Este dato, producto del análisis de imágenes satelitales con ayuda de inteligencia artificial, apunta un salto de 310 km² a 2.060 km² en dicho período, con parte de esa expansión en la Amazonia (en el año 2020, tres de cada cuatro hectáreas con actividad minera correspondían a la región, la mayor parte referente a tareas de garimpeiros).
“En los modelados, utilizamos depósitos minerales sin dividir por tipos de mineral, por eso no tratamos en forma diferenciada una posible minería de oro, por ejemplo. Sabemos que existen muchos yacimientos en la región y no se puede soslayar que la construcción de nuevas carreteras facilitaría aún más el acceso”, explica Siqueira-Gay, quien actualmente trabaja con el tema de la minería y la deforestación en el Instituto Escolhas, una asociación sin fines económicos que produce estudios y análisis sobre sostenibilidad.
La investigadora hace mención también a la transición energética, que en los próximos años presionará por una modificación en el perfil de la demanda de minerales de transición para abastecer a ciertas industrias, tales como la solar, la eólica y la de automóviles eléctricos. “La importancia de la protección del paisaje es un tema que seguirá debatiéndose. Esta apertura de nuevas áreas tiene una interlocución con el trabajo que hemos realizado.”
